Pensiones, ¿está el Gobierno actuando correctamente?

El Instituto Nacional de Estadística confirmó el pasado jueves que el Producto Interior Bruto (PIB) avanzó un 3,1% en 2017, con lo que la economía española encadena ya tres años creciendo más de un 3%. El Gobierno, además, cree que no es en absoluto descabellado mantener ese ritmo también en el presente 2018, mientras que la previsión del Ministerio de Empleo es que ya el año que viene se alcancen los 20 millones de ocupados. Hacienda, por su parte, cerró 2017 con la mayor recaudación tributaria de su historia, y en Europa el país ha recuperado buena parte del crédito perdido y está cerca ya de salir del procedimiento de déficit excesivo.

Y, sin embargo, todo esto no es suficiente para que el Gobierno suba las pensiones más de un 0,25% y evite así que los pensionistas pierdan poder adquisitivo en un contexto económico tan positivo como el actual. La razón principal es que la crisis económica se llevó por delante la estabilidad de la Seguridad Social, y recuperar eso va a requerir muchos años de crecimiento y creación de empleo, pero también medidas políticas muy importantes y consensuadas de las que por ahora no hay ni rastro. El sistema lleva desde 2012 generando un abultado déficit que en 2017 alcanzó la alarmante e histórica cifra de 18.800 millones de euros. El Ejecutivo argumenta que, al menos, en los últimos meses del pasado ejercicio la situación comenzó a revertirse, que la hemorragia se está conteniendo. Pero lo que no dice es cuándo se solucionará el desequilibrio. Algunas previsiones, como las del Fondo Monetario Internacional (FMI), apuntan a que no será antes de 2050, lo que provocaría un importante empobrecimiento de los jubilados.




Sin embargo, los policías ganarán tras la equiparación salarial 561 euros más al mes y los guardias civiles, 720. Desde los representantes de los sindicatos y asociaciones de ambos cuerpos se espera que sus afiliados avalen el acuerdo que, efectivamente, supondría un hecho singular: un aumento de la masa salarial de alrededor del 25% de la nómina que actualmente percibe un agente de base de la Policía o de la Guardia Civil.




La propuesta está sobre la mesa. Y los representantes de los agentes la han recibido en buen tono, aunque aún queda un último peldaño que subir en esta complicada escalera: que sea respaldada por los asociados y afiliados. Habrá una votación, como explicaron ayer los dirigentes de las asociaciones. Será telemática y participarán aquellos que estén dados de alta en las asociaciones o sindicatos de ambos cuerpos. Se contempla tener el resultado de la consulta en una semana.




La tensión ante el contraste de estas dos noticias es palpable, ya que, a mi parecer, es un desequilibrio distributivo importante.

Antonio Fdez. López, Fuente primer argumento, Fuente segundo argumento