Venezuela emite nuevos billetes ante la hiperinflación

Las denominaciones de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares llegan en medio de una persistente escasez de papel moneda

En medio de un pronunciado caos económico —que ha llegado a expresarse, incluso, en la escasez del propio papel moneda—, el Banco Central de Venezuela ha anunciado la emisión de tres nuevos billetes de 10.000 (1,6 dólares), 20.000 (3,2 dólares) y 50.000 bolívares (8,1 dólares), que comenzarán a circular este jueves. Las denominaciones llegan, según el instituto emisor con el objeto de “hacer más eficiente el sistema de pagos y facilitar las transacciones comerciales” en la nación caribeña.

La medida, anunciada por los funcionarios de Nicolás Maduro, se concreta en un inédito marco hiperinflacionario. El alza de precios ha alcanzado picos desconcertantes, lastrando aún más la ya de por sí debilitada economía venezolana. Su interpretación, además, se torna confusa en medio del descontrol numérico y la opacidad informativa del Gobierno chavista, que durante varios meses no ha querido dar a conocer el estado real de las cifras macroeconómicas.
A finales de mayo, el banco central emitió su primer reporte de las finanzas venezolanas tras cinco años, ubicando la inflación en 2018 en el 130.000%. Esa tasa, sin embargo, está a años luz de la que ofrece la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, que la sitúa por encima del millón por ciento.

El economista Jesús Casique cree que la entrada en circulación de los nuevos billetes tendrá un efecto temporal, pero advierte de que no está a la vista ninguna decisión destinada a detener las causas estructurales del aumento de los precios. Entre ellas destaca la monetización del déficit fiscal, que cabalga por encima del 8% del PIB.

En Venezuela, casi todas las transacciones comerciales se pagan electrónicamente o con transferencias bancarias acordadas antes por el prestador del servicio y el cliente. Los cajeros automáticos ofrecen al público cifras irrisorias de dinero en efectivo: el monto máximo son 5.000 bolívares en un país en el cual un café cuesta 3.000.

Leonardo Vera, académico de la Universidad Central de Venezuela, conviene en que la medida de Maduro puede ayudar a resolver el problema crónico de escasez de efectivo, siempre y cuando —eso sí— se produzcan piezas monetarias suficientes. “Con uno de estos billetes se puede al menos pagar el salario mínimo”, calculado ahora en 18.000 bolívares. “Para la autoridad monetaria esto es un alivio: la cantidad de dinero que se tiene que fabricar es más pequeña”.

El año pasado, el Ejecutivo de Maduro, que ya había tenido que enfrentar graves desórdenes callejeros en pueblos apartados del país por la ausencia de efectivo y el descontrol de los precios, anunció una reconversión monetaria, la segunda en poco más de una década. La cirugía de retirar cinco ceros a la moneda —juzgada por Casique como “incompleta”— y la nueva familia de billetes presentada entonces ofreció una breve sensación de estabilidad, disuelta en muy poco tiempo en el desastroso contexto de la economía venezolana.

Casique se detiene en un dato: apenas el 6% del total de la liquidez monetaria venezolana está integrada en papel moneda, cuando su promedio natural en una economía al uso es del 12%. Hace tres años, el porcentaje total de dinero líquido en Venezuela era de apenas el 1%. Entonces, Maduro responsabilizaba de las circunstancias a “las mafias colombianas de la zona fronteriza” y a una componenda urdida por actores económicos internacionales.

Los salarios triturados y la brutal devaluación que ha tenido lugar en la era Maduro han decretado la muerte del valor nominal del bolívar —durante varias décadas la moneda más fuerte de América Latina, cuando el crudo aún regaba la economía venezolana y la gestión no había hecho descarrilar el sector productivo— como instrumento de ahorro. Ante la destrucción de su divisa, el país sudamericano experimenta una dolarización de facto: más de un tercio de las transacciones comerciales del país ya se ejecutan en el billete verde.

Elegí esta noticia ya que hemos dado la inflación en clase. 

Jacobo Chousa

 

Telefónica asegura que ya ha cobrado la devolución de 702 millones de Hacienda

La compañía asegura haber aportado 14.986 millones de euros a la economía española en 2018

 Telefónica ya ha cobrado los 702 millones de euros que le tenía que devolver Hacienda por haber pagado cantidades en exceso entre 2008 y 2011 en concepto de Impuesto de Sociedades tras el acuerdo de ejecución de una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC). Así lo ha asegurado la directora de Finanzas y Control de la compañía, Laura Abasolo, durante la presentación del informe integrado de gestión relativo a 2018. Abasolo ha añadido que este importe se verá reflejado en el flujo de caja de la compañía del primer trimestre de este año. 

Abasolo, quien ha presentado el informe junto a la directora de Ética Corporativa y Sostenibilidad de la empresa, Elena Valderrábano, ha asegurado que el grupo ha aportado 14.986 millones de euros a la economía española en 2018, equivalentes al 1,38% del PIB. De esta cantidad, 2.700 millones han sido abonados a Hacienda (865 en Impuesto de Sociedades), un 3% menos que el año anterior.

Esta noticia habla sobre los impuestos que son la partida más importante de los ingresos , cocretamente el de sociedades , que  hemos visto en clase en la unidad 4 . También habla sobre el PIB ( Producto Interior Bruto ).

     

Aragón dispara un 35% la recaudación por los impuestos sobre las hipotecas

Esta noticia esta relacionada con los impuestos. En ella se explica que este año la recaudación sobre las hipotecas subió, es decir, se han realizado más hipotecas y el gobierno aragonés ha aumentado el ingreso de capital un 35% respecto al año anterior.
Esto demuestra que se esta saliendo de la crisis ya que los ciudadanos se atreven a pedir más préstamos hipotecarios y el banco a concederlas, lo que supone un beneficio al Estado.

El Gobierno aragonés ha disparado durante el último año un 35% la recaudación por los impuestos sobre las hipotecas. Así lo ha indicado el director general de Tributos del Ejecutivo regional, Francisco Pozuelo. La firma de hipotecas reporta ingresos tributarios directos a la Administración autonómica por la vía del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados.

Según ha explicado Pozuelo, en 2018 la recaudación por ese impuesto se elevó muy sustancialmente gracias al aumento en la cifra de préstamos hipotecarios, pero también en su importe. Así, en 2018 se firmaron en Aragón un 8% más préstamos hipotecarios que en 2017, pero una parte de ellos no correspondieron a compraventas de viviendas sino a promociones inmobiliarias. Es decir, a operaciones de financiación para construir nuevas viviendas, que son operaciones de mucha mayor cuantía que las de las típicas compraventas.
El resultado ha sido un fuerte aumento del dinero concedido por las entidades financieras para adquisición o promoción de viviendas, lo que explica ese incremento del 35% en la recaudación de la que ha dado cuenta ante las Cortes de Aragón el director general de Presupuestos.

Las empresas españolas soportan menos impuestos que la media de la OCDE

La contribución total de las compañías supera el promedio global al incluir las cotizaciones sociales

Esta noticia va sobre lo que dimos de impuestos (Cantidad de dinero que hay que pagar a la Administración para contribuir a la hacienda pública) y también trata del IVA (Impuesto sobre el valor añadido)

La contribución tributaria total (impuestos más cotizaciones sociales y otros tributos como el IVA) que pagan las empresas españolas es superior a la media de la OCDE, del G20 y de la UE, según se desprende del informe Paying Taxes 2019 elaborado por PwC para el Banco Mundial y que analiza los sistemas tributarios de 190 países de todo el mundo. En concreto, la contribución total es del 47%, unos siete puntos por encima de la media de la OCDE (40,3%), de la UE (39,3%) y ligeramente superior al del grupo de los 20 países industrializados del mundo (46,6%). Sin embargo, de este porcentaje que dedican las compañías españolas a cumpliar con el fisco, el 35,7% se destina al pago de cotizaciones sociales, el 10,6% al Impuesto sobre Sociedades (frente al 12% de la UE y al 15% de la OCDE) y el 0,7% a otros tributos, por lo que pagan más cotizaciones sociales pero menos impuestos que la media de los países más desarrollados del mundo.

De esta forma, las empresas españolas pagan más que las compañías de algunas de las economías más desarrolladas, como las de Reino Unido (30%), Estados Unidos (43,6%) o Canadá (20,5%), pero menos que otras del entorno como Francia (60,5%), Alemania (49%) o Italia (53,2%). Así, en la media de la OCDE el pago del impuesto sobre sociedades se sitúa entorno al 15%, en la media de la UE (más Suiza, Noruega, Liechtenstein e Irlanda) supone alrededor del 12% y el promedio del G20 se sitúa también en el entorno del 15%. En cuanto al resto de impuestos pagados por las empresas, el porcentaje en España también es muy inferior a las medias de estas tres zonas.

Por el contrario, en la media de los países que conforman la OCDE, el pago de las cotizaciones está en el 23%, 12 puntos menos que lo que pagan las empresa españolas, mientras que en la UE (más Suiza, Noruega, Liechtenstein e Irlanda) ronda del 25%, también muy por debajo del 35,7% que pagan en España. En el conjunto de los 190 países analizados, el porcentaje que se destina a cotizaciones sociales (16,1%) y al pago del impuesto sobre sociedades (16,1%) está absolutamente equilibrado.

El estudio también concluye que el sistema tributario español se encuentra entre los más modernos del mundo. España se sitúa en el número 34 en la clasificación de los 190 sistemas fiscales analizados, por delante de países como Estados Unidos (37), Alemania (puesto 43), Francia (53) o Italia (118).

Comparado con el resto del mundo, si actualmente, de media, una compañía necesita 237 horas para cumplir con Hacienda, en España esta cifra es de 148 horas. Si, además, para hacerlo necesita realizar 23,8 pagos, en el sistema español esta cifra se reduce a nueve. En cuanto al IVA (Impuesto Sobre el Valor Añadido), las empresas de todo el mundo emplean, de media, 19,6 horas para pagar este tributo, mientras que en España, tras la introducción del Suministro Inmediato de Información (SII), este tiempo se ha reducido a cero. A la hora de obtener la devolución del tributo, también las compañías españolas necesitan menos dedicación: 16,4 semanas por las 29 de la media del resto del mundo.

IRPF, Sociedades, IVA... La revolución fiscal de la propuesta de Presupuestos que el Gobierno aprueba este viernes

El Gobierno aprobará este viernes la propuesta de Presupuestos en Consejo de Ministros. 

Esta noticia está relacionada con lo que dimos sobre el IVA (impuesto sobre el valor añadido), el IRPF (impuesto sobre la renta de las personas físicas) y el IS (impuesto de sociedades. También habla sobre los presupuestos que habrá en 2019 y sobre sociedades anónimas.

El Consejo de Ministros aprobará este viernes una propuesta de ley para los Presupuestos de 2019 en la que, entre otros aspectos, se esperan numerosas novedades fiscales. Según los anuncios realizados por el Ejecutivo en los últimos meses o el preacuerdo alcanzado con Podemos que el Gobierno asegura que respetará, la propuesta de ley que el lunes llegará al Congreso incluye subidas del Impuesto de Sociedades para las empresas grandes y bajada para las PYMES, la subida del IRPF para los sueldos más altos o la rebaja del IVA de tampones, compresas y servicios veterinarios. De la misma manera que el Gobierno ha olvidado, postergado o transferido a la UE otros como el impuesto a la banca o a las tecnológicas, la propuesta que aprobará el Consejo de Ministros desvelará el misterio en relación a uno de sus planes fiscales más controvertidos, la subida del impuesto al diésel.

Para las empresas que facturen más de 20 millones de euros se fijará una base mínima del 15%, de manera que no podrán tributar menos aunque se apliquen deducciones y bonificaciones. Para las entidades de crédito y las empresas de explotación de hidrocarburos, el tipo mínimo de gravamen será del 18%. Las empresas empezarán a tributar por dividendos y plusvalías generadas por participar en sociedades filiales. Ahora, tienen una exención del 100% y la propuesta es que sea del 95%. Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMIs) también empezarán a pagar impuestos por su actividad, aunque no repartan beneficios. Ahora no lo hacían y el acuerdo incluye un graven del 15% sobre los beneficios no distribuidos.

Las empresas que facturen menos de un millón de euros (Pymes) pagarán menos Impuesto de Sociedades, porque el tipo nominal pasa del 25% al 23%.
El IVA de tampones y compresas baja del 10 al 4% y el de los servicios veterinarios, al 10%. También bajará  el IVA de periódicos, libros y revistas digitales, del 21 al 4%, según ha adelantado El Español. 

Pablo Casado promete efectuar una "revolución fiscal" eliminando y rebajando impuestos:

He elegido esta noticia porque guarda relación con el tema de los ingresos públicos vía los impuestos, estos concretamente siendo IRPF, impuesto de sociedades, de donaciones, de patrimonio y de Actos Jurídicos Documentados.  El IRPF es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, todo el mundos con unos ingresos mínimos debe hacerla. El IRPF es un impuesto que sobre todo influye a las personas con una situación económica muy buena, es decir, son impuestos directos y su bajada compensa más a las personas ricas, mientras que a las que tienen no tienen una situación económica buena les perjudica bastante. El impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados grava la compraventa de inmuebles, coches o la ampliación de capital. El impuesto de sucesiones y donaciones es un tributo que graba la transmisión de bienes y derechos por las personas físicas.

• El presidente del PP propone bajar los impuestos de sucesiones, de donaciones, de patrimonio y de Actos Jurídicos Documentados

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha prometido esta mañana durante su intervención en el foro organizado por el diario El Mundo "La España necesaria", llevar a cabo una "revolución fiscal en la que se toquen todos los impuestos" y durante la cual suprimiría varios tributos y rebajaría otros. Los gravámenes que el líder popular plantea retirar son el impuesto de sucesiones, el de donaciones, el de patrimonio y el de Actas Jurídicas Documentadas mientras que propone rebajar IRPF y sociedades.

"Del impuesto de sucesiones y donaciones pensamos que es injusto, no hay más que ver las cifras de familias que no admiten la herencia para pagarla, la última cifra de Andalucía era de 7.000 familias al año. El impuesto de patrimonio es vetusto, prácticamente un anacronismo en una Europa en la que sólo España y otros dos países lo mantienen. Y el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, evidentemente después de lo que vivimos con la sentencia del Supremo, pensamos que es injusto que al final se acabe repercutiendo al cliente" ha explicado Casado.

En cuanto a la rebaja de IRPF y Sociedades, el líder popular ha señalado que a pesar de que España no se encuentra en el tramo alto a nivel europeo en lo que a IRPF se refiere, ve margen para dejar el primero por debajo del 40% y al segundo al 20% aunque actualmente "se encuentre en el mínimo histórico del 25%".

El único campo en el que Casado considera que España tiene unos impuestos relativamente más altos que la Unión Europea es en los gravámenes sobre el ahorro. Y es precisamente sobre esos impuestos dónde ha hecho un especial hincapié presentando su plan de "blindaje fiscal al ahorro".

La idea expuesta por el Partido Popular consiste en asegurar las exenciones fiscales de los planes de pensiones y extenderlas a los planes de ahorro y a la adquisición de la vivienda habitual. También propone eliminar los costes de transacción y de rescate de los planes de pensiones. "Esta es la medida más revolucionaria en este respecto, no se pagará dos veces por lo que ya se ha pagado a la hora de rescatar tu plan de pensiones, de enajenar tu vivienda habitual para tu jubilación o de rescatar tu plan de ahorro", ha detallado Casado.

En lo que a cotizaciones sociales se refiere, el presidente del PP ha prometido "al menos no subir las cotizaciones sociales" y aumentar la transparencia fiscal. "Queremos que se publique en la nómina lo que se paga por cotizaciones. Y voy más allá, que todos los españoles sepan cuánto pagan por sus impuestos, que todos los años se publique una circular fiscal con todos los impuestos que se pagan a las distintas administraciones", ha sostenido Casado. 

El Gobierno dilapida su gran promesa fiscal: no habrá superávit primario en 2019

Esta noticia habla  sobre la política fiscal, que es el conjunto de variaciones de gastos y de ingresos del Gobierno, realizadas con el fin de asegurar los objetivos pedidos. Como se puede apreciar, en este texto no se cumplen los objetivos planteados, ni siquiera se acercan.

"Por primera vez desde 2007, España va a registrar superávit primario (es la diferencia entre los gastos corrientes de un Estado y su recaudación de impuestos), lo que implica reducir la deuda". Con estas palabras, la ministra de Economía, Nadia Calviño, presentó en octubre el Plan Presupuestario de España ante la Comisión Europea. Cinco meses después todo eso se desmiente porque España se encamina a otro año más de déficit primario. Esto es, los ingresos públicos volverán a ser inferiores a los gastos sin contar la factura de los intereses de la deuda. Y España sumará así su decimosegundo año consecutivo de saldo primario negativo.

El gobierno se ganó "una palmada en la espalda" de la Comisión Europea por esta promesa de superávit primario. Bruselas aceptó esas palabras y supuso que conseguiría un "pequeño superávit primario" aunque no  se aprobasen los Presupuestos Generales del Estado, pero las políticas de gasto aprobadas en los últimos meses por la vía del decreto-ley has impedido esta posibilidad. El banco de España estima que e´déficit público nominal se irá en 2019 hasta el 2,5% del PIB (producto interno bruto, es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un período determinado), asi que apenas se recortará el desfase presupuestario en una o dos décimas respecto a 2018.

Noticia de "El Confidencial".

Sin presupuestos aprobados, ¿qué pasa con las pensiones? ¿Y los impuestos nuevos?
Relaciono esta noticia con lo que hemos dado sobre el estado de bienestar, porque habla de las pensiones, prestaciones contributivas del Estado. También trata los ingresos públicos, los impuestos (la partida más importante de los ingresos) y los gastos públicos (habla sobre los Presupuestos Generales del Estado, una clasificación muy empleada para los gastos) Habla sobre el IRPF y el impuesto de sociedades, dos tipos de impuestos directos. Explica el problema del déficit, la cuantía en que los gastos superan a los ingresos en un año, y su financiación mediante el cobro de impuestos. Algunas de las subidas de impuestos que han sido paradas son las del IS para las grandes empresas y el incremento del IRPF para las rentas más altas, dos formas de redistribución de la renta.

El veto a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 tiene consecuencias. Para empezar,

España no se queda sin presupuestos públicos: seguirán en vigor los de 2018, que ya se

prorrogaron a la espera de que hubiera unos nuevos.

Los pensionistas sí seguirán cobrando el aumento de la pensión del 1,6% y del 3% en las

mínimas, porque esa subida se aprobó por decreto ley el 28 de diciembre y no estaba dentro de la Ley de Presupuestos; los funcionarios también seguirán viendo cómo su nómina mejora un 2,25% con respecto al año anterior, porque también fue un decreto ley que se convalidó después en el Congreso, el 22 de enero; y el salario mínimo ya está en vigor desde el 1 de enero.

El principal problema es que, al no poder aprobar las nuevas medidas impositivas, los ingresos serán menores de lo previsto y serán insuficientes para financiar el aumento de gastos ya comprometidos.

Se podría elevar el déficit público al 2,2% o el 2,4% del PIB (El producto interior bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza de un país) frente al objetivo actual del 1,3% del PIB.

Los grandes gastos, ya aprobados

Sánchez dejó comprometidos los grandes aumentos de gastos: las pensiones representan casi la mitad del gasto de las cuentas públicas, más de 153.000 millones al año. El sueldo de los funcionarios es otra de las grandes partidas presupuestarias con más de 23.000 millones, un aumento de 1.000 millones por el alza salarial y las nuevas incorporaciones a las plantillas ministeriales por la mejora de la oferta de empleo público.

Los nuevos impuestos, parados

El Gobierno había planeado subidas de impuesto por importe de 5.600 millones de euros, que en gran medida no podrán llevarse a cabo. Entre ellas figuran la subida del pago mínimo para las grandes empresas en el impuesto de sociedades, el incremento del IRPF para las rentas altas o la subida del diésel.

Los nuevos impuestos como la tasa Google (un nuevo impuesto dirigido a la grandes compañías tecnológicas como Google y Amazon, que busca que estas empresas tributen donde generen beneficios) o el impuesto sobre transacciones financieras (grava la compra de acciones de grandes empresas españolas) no están afectados por los Presupuestos, porque la creación de nuevas figuras tributarias no se puede hacer con los Presupuestos. Su tramitación ha quedado varada en el Congreso, y aunque lograran superar ese obstáculo, no entrarían en vigor hasta final de año. De esta forma, su aportación en 2019 sería muy reducida.

El aumento del gasto público retrasa la ralentización económica en España

He elegido esta noticia relacionándola con el tema visto en clase 'Ingresos públicos' , ya que creo que se debería hacer algo para poder bajar el ritmo del gasto publico para que pueda agilizar la economía del país (España) y que no se eleve tanto el PIB.

El horizonte se complica. El resto de economías europeas se ralentiza. La incertidumbre por las tensiones comerciales o el Brexit lastra las exportaciones y la industria. Y el consumo de los hogares españoles se modera tras unos años muy vigorosos empujados por la recuperación del empleo. Sin embargo, en ese contexto y lejos de mostrar signos de fatiga, la economía española resiste. Entre octubre y diciembre arrojó un crecimiento trimestral del 0,7%, muy por encima del 0,2% que se registraba en la zona euro. ¿Cómo es posible que la actividad aguante en España a tasas del 2,8% anual mientras fuera pierde fuelle? Un motivo ha sido el fuerte incremento del gasto de las Administraciones. De no ser por el consumo público, en el último trimestre el PIB habría crecido un 0,5% y no un 0,7%. Es decir, a ritmos anuales del 2% y no del 2,8%.

En definitiva, casi un tercio del crecimiento del último trimestre se explica por un mayor aumento del gasto público, que ha pisado el acelerador mientras el resto de rúbricas perdía impulso. Según cálculos de BBVA Research, entre la segunda mitad de 2018 y principios de 2019, se ha producido un impulso fiscal de, al menos, el 0,7% del PIB, más de 8.000 millones de euros. Si se toma un multiplicador fiscal prudente, significa que el PIB aumentó en un 0,4% solo por el estímulo fiscal.

Según el INE, en el último trimestre de 2018 el consumo público avanzó al 1,2% trimestral, un ritmo que, salvo por un trimestre de 2015, no se daba desde 2008. Además, estos datos de consumo público no incluyen el aumento de la inversión, que en un contexto de elecciones crece hasta noviembre al 14%. Y eso sin contar la inversión financiera y la de los Ayuntamientos. Las cifras de consumo público tampoco incluyen las rentas de los hogares, que han visto una mejora sustancial por las subidas de pensiones y salarios de funcionarios.

El reciente tirón del sector público se ha visto también refrendado por la encuesta de población activa, que muestra cómo entre octubre y diciembre el sector privado destruía 6.900 empleos pero el público creaba 43.400.