Sin presupuestos aprobados, ¿qué pasa con las pensiones? ¿Y los impuestos nuevos?
Relaciono esta noticia con lo que hemos dado sobre el estado de bienestar, porque habla de las pensiones, prestaciones contributivas del Estado. También trata los ingresos públicos, los impuestos (la partida más importante de los ingresos) y los gastos públicos (habla sobre los Presupuestos Generales del Estado, una clasificación muy empleada para los gastos) Habla sobre el IRPF y el impuesto de sociedades, dos tipos de impuestos directos. Explica el problema del déficit, la cuantía en que los gastos superan a los ingresos en un año, y su financiación mediante el cobro de impuestos. Algunas de las subidas de impuestos que han sido paradas son las del IS para las grandes empresas y el incremento del IRPF para las rentas más altas, dos formas de redistribución de la renta.

El veto a los Presupuestos Generales del Estado de 2019 tiene consecuencias. Para empezar,

España no se queda sin presupuestos públicos: seguirán en vigor los de 2018, que ya se

prorrogaron a la espera de que hubiera unos nuevos.

Los pensionistas sí seguirán cobrando el aumento de la pensión del 1,6% y del 3% en las

mínimas, porque esa subida se aprobó por decreto ley el 28 de diciembre y no estaba dentro de la Ley de Presupuestos; los funcionarios también seguirán viendo cómo su nómina mejora un 2,25% con respecto al año anterior, porque también fue un decreto ley que se convalidó después en el Congreso, el 22 de enero; y el salario mínimo ya está en vigor desde el 1 de enero.

El principal problema es que, al no poder aprobar las nuevas medidas impositivas, los ingresos serán menores de lo previsto y serán insuficientes para financiar el aumento de gastos ya comprometidos.

Se podría elevar el déficit público al 2,2% o el 2,4% del PIB (El producto interior bruto es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza de un país) frente al objetivo actual del 1,3% del PIB.

Los grandes gastos, ya aprobados

Sánchez dejó comprometidos los grandes aumentos de gastos: las pensiones representan casi la mitad del gasto de las cuentas públicas, más de 153.000 millones al año. El sueldo de los funcionarios es otra de las grandes partidas presupuestarias con más de 23.000 millones, un aumento de 1.000 millones por el alza salarial y las nuevas incorporaciones a las plantillas ministeriales por la mejora de la oferta de empleo público.

Los nuevos impuestos, parados

El Gobierno había planeado subidas de impuesto por importe de 5.600 millones de euros, que en gran medida no podrán llevarse a cabo. Entre ellas figuran la subida del pago mínimo para las grandes empresas en el impuesto de sociedades, el incremento del IRPF para las rentas altas o la subida del diésel.

Los nuevos impuestos como la tasa Google (un nuevo impuesto dirigido a la grandes compañías tecnológicas como Google y Amazon, que busca que estas empresas tributen donde generen beneficios) o el impuesto sobre transacciones financieras (grava la compra de acciones de grandes empresas españolas) no están afectados por los Presupuestos, porque la creación de nuevas figuras tributarias no se puede hacer con los Presupuestos. Su tramitación ha quedado varada en el Congreso, y aunque lograran superar ese obstáculo, no entrarían en vigor hasta final de año. De esta forma, su aportación en 2019 sería muy reducida.